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INQUISICIÓN


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El elemento humano

El elemento humano. Indudablemente el desarrollo de la actividad del Santo Oficio requería la disponibilidad de unos medios humanos adecuados y especializados. Por un lado, existen unos funcionarios fijos que constituyen la plantilla del tribunal inquisitorial, formada por los inquisidores y los oficiales. Como complemento, estaban distribuidos por el distrito los llamados comisarios y familiares, que constituían la red de control e información. En el siglo XVI, salvo en algunas excepciones, puede decirse que la plantilla más usual del tribunal que intervenía en el País Vasco estaba formada por tres inquisidores, un fiscal, un receptor, tres notarios del secreto, un escribano de secuestros, un nuncio, un alguacil, un carcelero y un portero. Entre los inquisidores del Santo Oficio de Calahorra o Logroño hay algunos de gran talla intelectual. La Universidad era normalmente la que formaba y proporcionaba los cuadros dirigentes de los tribunales de distrito. Por su relevancia, merecen citarse Juan de Arneta y Sancho Carranza de Miranda -tío del famoso arzobispo Bartolomé de Carranza-, teólogos, grandes predicadores y participantes ambos en la Junta erasmista de Valladolid, en 1527. Ya en el siglo XVII, es bien conocida la figura de Alonso de Salazar y Frías, inquisidor providencial, hombre moderado y con sentido crítico, que tuvo singular protagonismo cuando el foco brujeril de Zugarramurdi. Predominan claramente los inquisidores procedentes del clero secular sobre los originarios de órdenes religiosas. También es preciso señalar el importante dato de que un alto porcentaje de los inquisidores con jurisdicción en el País Vasco eran naturales de la Zona. En determinados momentos y por necesidades del servicio, además de los funcionarios fijos inquisitoriales, se nombran una serie de oficiales extraordinarios, como pueden ser alguaciles o notarios y, sobre todo, intérpretes, tan eficaces y necesarios para las investigaciones y pesquisas en las zonas vascoparlantes. De suma importancia dentro del contexto de los medios humanos al servicio de la Inquisición es el cuerpo de los comisarios y familiares. Los comisarios, repartidos estratégicamente por el distrito, coordinaban la acción de los familiares, revisaban las mercancías, investigaban la genealogía de los candidatos a cargos inquisitoriales y enviaban informaciones a la sede del tribunal. En 1549, había en el distrito de Calahorra dieciséis comisarios. En el País Vasco, hay comisarios en los puertos importantes como Bilbao, Bermeo, Lekeitio, San Sebastián y Mutriku. También se constata la presencia de un comisario en el puerto interior de Orduña. Otros siete se reparten por el reino de Navarra. A partir de 1560, se nombrará otro comisario más, con asiento en Ochagavía, junto a la frontera pirenaica que requería indudable vigilancia. Los familiares, bastante numerosos, estaban muy dispersados por el distrito. Pero la Inquisición disponía además de otro sistema para controlar el territorio: las visitas. Periódicamente, un inquisidor se desplazaba, acompañado de varios oficiales, hacia aquellos lugares que requerían una mayor atención. Sin lugar a dudas, las visitas de distrito efectuadas por los inquisidores de Calahorra al País Vasco estuvieron condicionadas por su situación geográfica. Muchas de ellas se hicieron a la costa, expuesta al luteranismo. El peligro luterano será el que ocupe más intensamente a los inquisidores en sus visitas del siglo XVI. Aunque en menor medida, la brujería fue también móvil para los desplazamientos inquisitoriales a diversas zonas del territorio. Es digna de destacar la visita que, en 1523, realizó el inquisidor Ayala a la provincia de Guipúzcoa con objeto de controlar el paradero de ciertos libros arribados al puerto de Pasajes. La visita del inquisidor Valdeolivas a Vizcaya, en 1538-1539, dio como resultado el apresamiento y castigo de varios luteranos extranjeros, entre ellos el joven Juan Tac que fue quemado en Bilbao. El empuje luterano fue igualmente la causa de la visita del inquisidor Ybarra a la costa cantábrica, en 1546-1547, y de otras que se llevaron a cabo en el decenio de 1560 a 1570. Los oficiales inquisitoriales dispondrán de algo más que los salarios y las ayudas de costa para realizar su tarea. Era de esperar que ante las dificultades en el desempeño de sus funciones, los gastos de desplazamiento, los roces con las autoridades, tuvieran una serie de privilegios que les protegieran. En este sentido, se les otorgará el privilegio de aposentarse gratuitamente en los lugares visitados, estarán exentos del pago de tributos en los pasos y puertos, disfrutarán de exenciones fiscales de todo tipo, incluso se verán libres de un impuesto tan universal como la alcabala, se eximirán en ocasiones de servir oficios públicos y municipales, con frecuencia gravosos, serán inmunes a la justicia ordinaria, acogiéndose a la jurisdicción inquisitorial, gozarán de permiso para llevar armas y de otros privilegios. Todas estas preminencias, que tanto favorecían y protegían a los miembros del Santo Oficio, provocarán la oposición y protesta tanto de autoridades civiles como eclesiásticas y originarán una larga cadena de conflictos de jurisdicción.


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