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TUDELA (HISTORIA)


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Desamortización y estructura social en el siglo XIX

Desamortización y estructura social en el siglo XIX.

1.- Crecimiento y transformación de la economía. Durante los cien años que median entre 1787 y 1887, la población de la Merindad de Tudela, el amplio territorio vertebrado por esta ciudad, pasó de 28.389 a 47.132 habitantes. Entretanto, la ciudad solamente creció desde las 7184 almas hasta las 9.213 de las mismas fechas. A diferencia de lo que ocurría en el resto de Navarra, la mitad siglo vió crecer su población, pero ese crecimiento tuvo un carácter marcadamente rural. Durante el siglo XIX la economía de la comarca, sustento de esa población en aumento, también creció y se transformó, pero mantuvo sus bases agrarias. La agricultura se limitaba en 1817 a los espacios regables, salvo algunos cultivos esporádicos en los montes. Pero si en esta fecha el suelo cultivado no sobrepasaba el 20% del territorio, para 1888 había doblado esa proporción mediante la ampliación del regadío y la conquista del secano. Durante el primer tercio del siglo XX ese proceso continuó hasta acercarse al 60% del suelo total en cultivo. La actividad pecuaria, pivote fundamental de esa economía durante el Antiguo Régimen, se transformó radicalmente. Los rebaños lanares, principal componente de la cabaña ganadera, sometidos a trashumancia y trasterminancia estacional, se redujeron a menos de la mitad para final de siglo y tendieron a convertirse en estantes. En contrapartida, y para servir a la ampliación del cultivo, la ganadería de labor (mulas, caballos y asnos) se multiplicó por algo más de dos. El crecimiento económico del siglo XVIII había terminado por dar un carácter comercial, tanto a la agricultura como a la ganadería de la comarca, permitiendo el ascenso de nuevos grupos sociales de comerciantes, arrendadores de diezmos y rentas, ganaderos, labradores... La orientación mercantil de la agricultura vino facilitada por las ventajas ofrecidas a la comercialización, tanto dentro como fuera del Reino, del aceite, el vino y el aguardiente. El paisaje cultivado de la Merindad lo protagonizaban, salvo en aquellos pueblos de señorío en los que el señor obligaba a cultivar trigo para cobrar las rentas, los viñedos y olivares. Estos últimos, que en un 90% pertenecían a mayorazgos e instituciones eclesiásticas, ocupaban en 1817 las dos quintas partes de la huerta de Tudela. Dados los obstáculos que imponían los gremios o mestas de ganaderos a la ampliación del cultivo en los montes, la población de la Merindad dependía regularmente para su alimentación de los envíos de trigo de las tierras centrales del Reino. En el capítulo ganadero, eran las lanas las que disfrutaban de buenos precios y de facilidades para su exportación a Francia. Durante el Ochocientos, la orientación comercial de esa economía se hizo aún más acusada, gracias a las mejoras en los transportes y a la apertura del mercado español tras la retirada de las aduanas del Ebro al Pirineo.

2.- La Reforma Agraria Liberal. Durante el convulso tercio inicial de la centuria la Monarquía borbónica dió paso a un Estado burgués, y esta transformación llevó consigo una reforma de las estructuras agrarias: la llamada Reforma Agraria Liberal. Los dos objetivos básicos de esa reforma fueron, por un lado, el establecimiento de un derecho de propiedad nítido y absoluto, y, por otro, la extensión de las relaciones libres de mercado a factores (tierra. trabajo y capital) y productos. La unión aduanera, la unificación de pesos y medidas, el fin de las tasas sobre los productos y jornales, la reforma tributaría, la abolición de los señoríos y de la fiscalidad feudal (diezmos, pechas), fueron algunas de las medidas integrantes de la reforma, pero las más características tuvieron que ver con la propiedad de la tierra, en un largo proceso que recibió el nombre de "desamortización". Consistió en un programa de liberación del factor tierra de las trabas que impedían su libre circulación en el mercado; en el caso de los bienes "amortizados" del clero y de los entes públicos (ayuntamientos, Estado, Corona, educación, beneficencia) se llevó a cabo mediante la nacionalización y venta en pública subasta; en el caso de los bienes de mayorazgos no medió incautación, sino que se dejó al arbitrio de sus dueños el conservarlos, dividirlos o venderlos. La nacionalización y venta de los bienes de la Iglesia afectó a más de mil quinientas hectáreas de cultivo (en torno al 10% del suelo agrícola de la Merindad), eso sin contar las tierras en las que el dominio se dividía entre la Iglesia y el cultivador (enfiteusis) ni las dehesas de pasto, en los sucesivos embates desamortizadores de 1798-1808, 1808-1813, 1820-23, 1834-52 y 1855-72. Las enajenaciones de bienes municipales comenzaron mucho antes de que se promulgase la llamada "Ley Madoz". El endeudamiento de las haciendas locales durante la guerra napoleónica y, más tarde, la carlista forzó la venta de propiedades municipales, en muchos casos a precios inferiores a los reales. En 1813-14, la ciudad de Tudela sacaba a la venta en pública subasta las 101 suertes en que se había dividido la "Mejana". Se trató de una subasta concurrida; el que más acaparó de los 63 compradores, sólo reunió 15 suertes. Seis años después, en un período de dificultades por las caídas de precios agrarios posteriores a la guerra, las 118 suertes en que se dividió el Soto de Enmedio y Comeo fueron rematadas por siete sujetos, dos de ellos testaferros del hacendado y ganadero de Villafranca José Benito Legarra, que se hizo así con 55 suertes. El mismo Legarra adquiría el mismo año las cuatro suertes en que se había dividido la extensa corraliza de Valdecruz. En 1855 se promulgó la llamada "Ley Madoz" o Ley general de desamortización que se dirigía contra los bienes comunales que reportaban ingresos a los ayuntamientos (bienes de Propios). Su aplicación tuvo que esperar sin embargo hasta 1862, cuando el gobierno moderado hizo suya la Ley de los progresistas. En ese intervalo, el Ayuntamiento de Tudela vendió en pública subasta a seis sujetos la mayor parte de sus propiedades. Con el permiso y, posiblemente, el aliento de la Diputación provincial, que veía amenazadas las competencias otorgadas por la Ley de 1841, se subastaron en 1858 los sotos de Ramalete, Tetones, Ciordia y Vergara y las corralizas de El Gamonar, Mateo Cabello, La Tranquilla, Nueva, Plana y Rabosillos. De esa forma, en aplicación de la Ley de 1855 solamente se vendió en Tudela un soto de 15 hectáreas, y en la Merindad algo menos de 3.500 hectáreas. La división de la facería de Montes de Cierzo entre sus congozantes al filo del siglo XX volvió a dotar a Tudela de un patrimonio comunal importante. Estas reformas institucionales permitieron el asentamiento de una sólida burguesía local de origen diverso (hidalgos, comerciantes, abogados, labradores o ganaderos), principales beneficiarios de la liberalización del mercado de la tierra. De los estamentos privilegiados del Antiguo Régimen, el Clero fue el peor parado: perdió sus propiedades, sus capitales (censos) y los ingresos del diezmo y primicia, sustituido por una contribución de culto y clero garantizada por el Estado. Los señores laicos no siguieron una trayectoria homogénea. Aquellos que gozaban de derechos feudales concentrados en un pueblo y cuyas economías no atravesaban momentos críticos, pudieron beneficiarse de la Ley de Señoríos de 1837 para transformar sus ambiguos derechos en propiedad de la tierra (Barillas, Cadreita, Cortes, Fontellas, Monteagudo), e incluso pudieron aumentar sus patrimonios participando en la desamortización. Para otros, la abolición de los mayorazgos supuso la venta de porciones sustanciosas de sus bienes, e incluso el embargo, para saldar deudas. Las reformas liberales facilitaron la sustitución de familias en el vértice de la sociedad tudelana. En 1821 las principales fortunas correspondían a casas nobles con asiento en Cortes por el brazo militar (Aperregui, Magallón, Veraiz...), a títulos nobiliarios forasteros (Marqueses de Iturbieta, Aravaca, Montesa...), a mayorazgos locales (ltúrbide, Labastida, Arguedas, Español, Frías...) e instituciones eclesiásticas (Cabildo catedralicio, Concepcionistas de Agreda, Convento de Santa Clara ...). En 1889, casi todos esos apellidos ocupaban lugares más modestos en la escalera; su espacio había sido suplantado por gentes procedentes del comercio (Frauca, Moneo, Gaytán de Ayala, González del Carpio...), las grandes cabañas ganaderas (Benito, Iribarren, Alaiza, Martínez) u otros sectores de la infanzonía (Maisterrena, Colmenares, Pérez de Laborda, Pujadas...), integrantes todos ellos de una burguesía agraria sólidamente arraigada en Tudela y su merindad. La mayor parte de la población permaneció ajena a los beneficios de la reforma burguesa. En la segunda mitad del siglo, las tensiones provocadas por una estructura social polarizada, fueron parcialmente mitigadas por la relajación de los controles sobre las roturaciones en el comunal y por algunos repartos de parcelas. Sólo por esa vía se produjo un acceso significativo a la propiedad por parte de la población jornalera. Con todo, el balance final del siglo XIX es el de una agudización de las diferencias sociales entre una minoría de grandes propietarios y una amplia masa de jornaleros con o sin tierra. La "cuestión social" que surgió de la revolución burguesa terminó por estallar en el primer tercio del siglo XX.


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